Juicios laborales: sentando las bases para la futura flexibilización

Desde hace varios meses, y más acentuadamente en este último tiempo, el presidente de la nación viene insistiendo en denunciar lo que él llama “mafia de los juicios laborales”. Esta supuesta “mafia”, que operaría tras las sombras con fines delictivos, sería la responsable de la quiebra y cierre de cientos de Pymes (pequeñas y medianas empresas), que ante los gastos que, supuestamente, deben afrontar por juicios perdidos se ven imposibilitadas de seguir funcionando.

   El análisis que el presidente hace resulta llamativo, puesto que no toma ninguna de las variables que, según el criterio de muchos economistas, se utilizan para explicar el cierre masivo de estas empresas. A saber: la fuerte caída del consumo, y la apertura de importaciones en sectores con escasa posibilidades de competir. Pero, lo que a priori puede interpretarse como un intento de desligarse de responsabilidades es, en verdad, un mensaje mucho más profundo, que sienta las bases de una futura flexibilización laboral.

    Si bien los juicios por accidentes de trabajo o enfermedades han crecido en gran número en los últimos años, se puede observar que lo han hecho a partir de la modificación de la ley de ART del año 2012, que permitió a estas últimas no acordar directamente con el trabajador y dirimir los pleitos en la justicia. Aún así, "los juicios a 2015 solo equivalían al 1,15% de los trabajadores registrados y a un 15% del total de siniestrados" (Chequeado.com). Como puede observarse, estas cifras desmienten el diagnóstico del presidente. Nadie puede, seriamente, considerar que éste es el motivo que explica el cierre masivo de empresas.

   No obstante, la poco independiente justicia de nuestro país, ya recogió el guante y comenzó a responder a las necesidades políticas del gobierno. Recientemente un fallo de la corte de Rio Negro sentenció a un trabajador a pagar los gastos por honorarios profesionales que el juicio perdido ocasionó (rionegro.com)

   Pareciera ser que el objetivo de fondo es otro: generar las condiciones para que los trabajadores se sientan intimidados a la hora de reclamar ante los abusos y las irresponsabilidades patronales que los llevan a enfermarse o accidentarse, como parte de un plan mayor de largo alcance, que implica cercenar derechos y desconocer convenios, para lograr abaratar el costo de la fuerza laboral, y permitir la explotación sin límites. Ya se ha puesto como excusa, por parte de funcionarios del gobierno, en reiteradas oportunidades, el “alto costo laboral” como obstáculo para la llegada de inversiones. Un plan a medida de las necesidades de los grupos económicos. Algo a lo que el primer mandatario ya nos tiene acostumbrados.