24M y la memoria por la libertad

Una vez más, este 24 de marzo, nos vuelve a encontrar en la calle reclamando por memoria, verdad y justicia. Y como lo hemos venido haciendo, año tras año, insistiremos en la necesidad de abrir los archivos de la dictadura, acelerar los juicios, denunciar las complicidades civiles, la responsabilidad de todo un estado al servicio de la difusión del terror y el exterminio de una generación de militantes y luchadores. Pero, en esta ocasión, nos encontramos además inmersos en una coyuntura muy especial. En el transcurso del último año, el gobierno, ha desplegado toda una política de agravio permanente a todas nuestras reivindicaciones históricas, en un indisimulable intento de arrasar con todo aquello por lo que hemos luchado en las últimas décadas. 

   Al fallido intento de aplicar el dos por uno a los genocidas, que fue frenado por el gran repudio popular que suscitó, le siguió un permanente accionar, por parte de funcionarios, de insistir en la necesidad de perdonar y reconciliar a los genocidas. De no mirar más atrás. De no seguir ahondando. De querer equiparar las aberraciones de criminales de la peor calaña, imputados por crímenes de lesa humanidad, a delitos comunes. Algunos miembros de la “justicia” acusaron recibo y comenzaron una cruzada para otorgarles prisión domiciliaria a estos personajes nefastos. A la vergonzosa concesión de este beneficio a Etchecolatz (quién en los últimos días, afortunadamente, volvió a la cárcel), nos desayunamos con la noticia de que el próximo en recibir tal privilegio, sería Alfredo Astiz, personaje emblemático, si los hay, símbolo de todo el horror de aquellos años.

  No obstante, esta ofensiva gubernamental, no se queda solo en el intento de rescatar a los antiguos socios militares, de funcionarios y familiares que se beneficiaron en aquella etapa oscura de nuestra historia, y que hoy ocupan altos cargos en el estado, empezando por el propio presidente de la nación, quien fue premiado con la estatización de la deuda que Domingo Cavallo desde el banco central decretó en 1982, y tuvo entre sus más favorecidos al grupo SOCMA de su propia familia. Sino que también, se pretende dar vía libre al accionar de las fuerzas represivas para que actúen sin reservas y a discreción a la hora de reprimir la protesta, o combatir la “inseguridad”.

  Las muertes de Rafael Nahuel, de un tiro en la espalda, la de Santiago Maldonado, ahogado en el río Chubut en medio de un desalojo de la gendarmería, la estigmatización y búsqueda de un enemigo interno en la comunidad Mapuche, la violenta represión de la protesta, cuyo pico máximo se vio en las jornadas del 14 y 18 de diciembre pasados, cuando se trató la reforma previsional en el congreso, y el encarcelamiento arbitrario de militantes, son ejemplos de un estado que está dispuesto a ir a fondo para lograr el ajuste contra los trabajadorxs y sectores populares, aún a costa de violar derechos consagrados constitucionalmente.

  A esto se suma la justificación del accionar policial, aun cuando se trata de fusilamientos por la espalda, incluso a criaturas de 12 años, como en el caso de Facundo Ferreira en Tucumán, lo que se ha denominado doctrina “Chocobar” en honor al policía que instauró está metodología, y fue recibido con gran pompa por el presidente.

  Este cuadro de situación deja claro que los hechos ocurridos en la última dictadura, lejos de ser algo pasado y superado, aun influyen en nuestro presente. Y que es fundamental entonces, redoblar nuestros esfuerzos, para salir a luchar por los sueños por los que se brindaron generosamente nuestrxs 30000 compañerxs desaparecidxs.

  Más que nunca, debemos mantener viva la llama de la memoria porque no hay presente sin pasado. Todo presente es, al fin y al cabo, un presente historizado. Entenderlo como tal nos permite comprenderlo, y solo así, en esa comprensión, poder modificarlo, poder sentar las bases para un futuro más justo. Mucho más humano.

  La justicia no es venganza, y eso lo saben muy bien los organismos de derechos humanos que en todos estos años, no llevaron a cabo ninguna acción que no estuviera por fuera del marco de lo que por derecho corresponde. La prisión común hasta el fin de sus días es el único lugar posible para los genocidas. Los artilugios legales no son admisibles para quienes han atentado contra toda la humanidad con sus crímenes. La historia es una herramienta para la liberación de los explotados y oprimidos, mantenerla viva es mantener nuestras posibilidades de transformación. Convertirla en letra muerta, clausurarla, es el deseo de los que quieren que no se sepa para que nada cambie.

Reventemos las calles este 24